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Piden legisladores a Oficial Mayor garantice cumplimiento de la ley en contrataciones

Al momento de contratar a nuevos servidores públicos, se debe garantizar que éstos cumplan con los requisitos mínimos de residencia que estipula la ley.

Comparece el Oficial Mayor de Gobierno ante la Comisión de Hacienda de la XVI Legislatura.

Los diputados integrantes de la XVI Legislatura solicitaron al Oficial Mayor de Gobierno del Estado que se vigile el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública al momento de contratar a nuevos servidores públicos, para garantizar que éstos cumplan con los requisitos mínimos de residencia que estipula la ley.

En la comparecencia del maestro Manuel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Quintana Roo ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez; los legisladores centraron sus señalamientos en los casos recientes de contrataciones de algunos mandos medios que no cumplen con los artículos 20 y 21 de la referida ley, por lo que consideraron se debe hacer una revisión a fondo de los criterios aplicados.

El diputado Roberto Erales Jiménez, del grupo legislativo del PT, expuso que en la Secretaría de Educación se designó a un nuevo subsecretario de planeación, que, de acuerdo con información preliminar, no cumple con la residencia mínima de 5 años que establece la ley.

Erales Jiménez lamentó que personas que no entran a un concurso de oposición para ocupar una plaza, tengan la mesa servida mientras que muchos profesionistas quintanarroenses con experiencia y otros recién egresados, sigan en lista de espera en la bolsa de trabajo del gobierno para ser tomados en cuenta.

Con respecto al tema de los foráneos, el diputado Eduardo Martínez Arcila, del grupo legislativo del PAN, dijo que se tendrá que poner en la ley un equilibrio en cuanto a los requisitos para desempeñar un cargo público, aunque consideró que el mejor antídoto para el tema de la residencia es el servicio profesional de carrera.

La diputada Fernanda Trejo Quijano, del grupo legislativo de MORENA, enlistó una serie de casos que podrían considerarse como tráfico de influencias y conflicto de intereses, como el de la representante del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México, la licitación de los uniformes escolares, entre otros, para que el Oficial aclare las diferentes versiones que existen sobre los temas.

En este sentido, Alamilla Ceballos precisó que muchas de las acusaciones que circulan en redes sociales, derivan de notas periodísticas falsas, pues los procedimientos se adjudican de licitaciones públicas, además de que aseguró que ningún miembro de su familia tiene contratos con la Oficialía Mayor.

El diputado Alberto Batún Chulim, de MORENA, preguntó al funcionario estatal si los secretarios del gabinete, e incluso el propio gobernador, seguían haciendo uso del transporte aéreo privado a través de VIP SAESA.

Al respecto, el Oficial Mayor de Gobierno aseguró que los servicios aéreos ya no son usados por los miembros del gabinete ni por el Ejecutivo, pues ahora se emplean en tareas como sobrevuelos para monitorear el sargazo, ambulancia aérea o traslado de reos.

Por su parte, el diputado Hernán Villatoro Barrios cuestionó a Alamilla Ceballos sobre las demandas laborales que se realizaron como motivo de los despidos llevados a cabo con la reestructuración administrativa del Gobierno del Estado, además de preguntarle si promueven el outsourcing ante el elevado número de contratos por honorarios.

Manuel Alamilla Ceballos aseguró no hubo despidos masivos como se ha manejado, pues únicamente se hicieron cambios en los principales puestos. Respecto a las demandas laborales, informó que la Oficialía Mayor participa en 30 demandas, de las cuales no todas corresponden a la actual administración.

Sobre el tema del outsourcing, el Oficial Mayor negó que se realice esta práctica, ya que sólo el 6% de la plantilla laboral del Gobierno del Estado está por honorarios.

El diputado José Luis Toledo Medina, de la representación legislativa de Movimiento Ciudadano, propuso que, en los lineamientos para regular el ingreso al servicio público, se considere realizar pruebas antidopaje cada seis meses.

Además, Toledo Medina manifestó su preocupación por los despidos que pudieran darse a consecuencia de los ajustes presupuestales de la Federación.

Ante el cuestionamiento del diputado del PRI Carlos Hernández Blanco, sobre el fortalecimiento de los espacios laborales en la zona sur, el Oficial Mayor de Gobierno aseguró que de momento se busca evitar el crecimiento de la nómina y ser más eficientes con el recurso humano con el que actualmente se cuenta.

Por último, el diputado José Luis Guillén López, representante legislativo de Movimiento Auténtico Social, solicitó que los inmuebles arrendados para prestar el servicio público cumplan con las necesidades básicas en materia de protección civil.

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