Analizarán iniciativas para regular operaciones de casas de empeño

El Congreso del Estado dio entrada a un par de iniciativas para crear una nueva legislación que brinde seguridad jurídica a los usuarios de casas de empeño.
El Congreso del Estado dio entrada a un par de iniciativas para crear una nueva legislación que brinde seguridad jurídica a los usuarios de casas de empeño.

Diputados José Luis González y Alberto Vado, proponen nueva legislación para regular casas de empeño.

Proponen reforma para publicar la Constitución, leyes y decretos en lengua maya.

Para regular la apertura, instalación, funcionamiento y cierre de las casas de empeño, así como para garantizar el origen y la legal propiedad de los artículos a empeñar; el Congreso del Estado dio entrada a un par de iniciativas para crear una nueva legislación que brinde seguridad jurídica a los usuarios con respecto a los bienes depositados, de las cláusulas y de los intereses que en las mismas se cobran.

En la sesión ordinaria número 13, presidida por la diputada Leslie Hendricks Rubio, el Pleno de la XV Legislatura dio lectura a dos iniciativas, la primera presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y la segunda, por el diputado Alberto Vado Morales, presidente de la Comisión de Cultura.

El diputado González Mendoza presentó una iniciativa de decreto por el que se crea la Ley que regula las casas de empeño en el Estado de Quintana Roo, mediante la cual propone abrogar la Ley para la Apertura y cierre de casas de empeño y crear una nueva ley, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de normas, la legalidad de los actos de la discriminación, y todos aquellos mecanismos que se implementen para garantizar la protección de los bienes de los pignorantes, observando siempre la legalidad de las conductas, tanto de las autoridades competentes para regular, así como para establecer los derechos y obligaciones tanto de las casas de empeño, de los usuarios de éstas, entre otros.

Se busca además, establecer mayores requisitos al momento de empeñar un bien, considerando como obligación para el pignorante el identificarse y acreditar la propiedad del bien en prenda, sea con documentación o manifestación bajo protesta de decir verdad, haciéndose responsable, que en el caso de ser robada dicha prenda, se iniciará el procedimiento que se haya denunciado por la Fiscalía General del Estado.

En tanto, el diputado Alberto Vado Morales, presentó la iniciativa de Ley que establece las bases de operación de las casas de empeño del Estado de Quintana Roo, la cual plantea la determinación de un ordenamiento jurídico que garantice a los usuarios de las casas de empeño un trato legal y justo respecto de sus propiedades, ordenando la determinación de reglas claras para el funcionamiento de estos establecimientos, tanto en el carácter de los intereses como de las cláusulas penales que se establezcan por el incumplimiento a los pagos, sin que esto represente una pérdida para el pignorante.

Por su parte, los diputados independientes Emiliano Ramos Hernández y Luis Ernesto Mis Balam presentaron una iniciativa para modificar el último párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que los pueblos y comunidades indígenas de la etnia maya puedan acceder plenamente al marco jurídico del Estado a través de la publicación, en formato digital y traducido a la lengua maya, de la Constitución local, leyes o decretos.

Con esta propuesta, se busca erradicar todo tipo de discriminación racial o étnica, así como la desigualdad que existe para acceder al conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular de la comunidad maya.

En la misma sesión, el Pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó tres puntos de acuerdo presentado por diputados integrantes de la XV Legislatura, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades.

En uno de ellos, se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la Educación Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considerar en su proyecto de reforma al artículo 3º Constitucional Federal, la obligatoriedad de la educación inicial.

El acuerdo, promovido por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y la diputada Adriana del Rosario Chan Canul, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; propone que el nivel de educación inicial sea obligatoria, laica y gratuita con el fin de contribuir a la formación armónica y al desarrollo equilibrado de los niños desde su nacimiento hasta los 4 años.

En el punto de acuerdo promovido por el diputado Alberto Vado Morales, se exhorta a los titulares de las Secretarías de Obras Públicas, Finanzas y Planeación y a la Directora del Instituto de la Cultura y las Artes, todas del estado de Quintana Roo, para instrumentar un programa urgente de rescate del patrimonio cultural del sur del Estado, que incluya un presupuesto extraordinario para este fin; así como a generar, y en su caso, intensificar campañas que promuevan el cuidado de los monumentos y obras consideradas patrimonio cultural quintanarroense y nacional.

La diputada Gabriela Angulo Sauri, presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, a la Procuraduría Federal de Protección del medio Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente del Estado y a los ayuntamientos de los municipios costeros, para que vigilen la explotación legal e impidan la ilegal explotación de la arena en playas y dunas de las costas del Estado de Quintana Roo.

En el acuerdo, avalado por el Pleno, también se les exhorta a que revisen las vigencias y cumplimiento de las concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a personas físicas y morales de carácter público o privado y, en su caso, entablar las acciones legales para la cancelación de la concesión o el ejercicio de las acciones penales en contra de los responsables de la extracción ilegal de arena en playas y dunas costeras de la entidad.

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