Envían al Congreso de la Unión, iniciativa para penalizar pesca furtiva de caracol rosado

Con esta iniciativa, se busca atacar la pesca ilegal del caracol rosado, que tanto ha afectado a la actividad pesquera: Juan Ortiz Vallejo.
Con esta iniciativa, se busca atacar la pesca ilegal del caracol rosado, que tanto ha afectado a la actividad pesquera: Juan Ortiz Vallejo.

Aprueban eliminar el pago por el derecho de expedición de la constancia de permiso para trabajar a menores adolescentes en edad permitida para hacerlo.

El Congreso del Estado de Quintana Roo acordó enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para sancionar con penas de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, a quien de manera dolosa capture, acopie, transporte, destruya o comercie caracol rosado o blanco, sin la autorización correspondiente, dentro o fuera de los periodos de veda.

En la sesión ordinaria número 21, presidida por el diputado Emiliano Ramos Hernández, los integrantes de la XV Legislatura avalaron el acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, mediante el Poder Legislativo de Quintana Roo ejerce su facultad de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, enviando una alternativa jurídica para la tipificación penal de la extracción ilícita del caracol rosado.

En tribuna, el diputado independiente Juan Ortiz Vallejo, presidente de la citada Comisión, consideró este acuerdo como un gran paso para atacar la pesca ilegal del caracol rosado, que tanto ha afectado a la actividad pesquera.

La iniciativa turnada a la Cámara de Diputados, señala que en el año 2015 entró en vigencia una veda para la pesca del caracol rosado y blanco para Quintana Roo, que concluyó el mes de febrero de 2017.

Ante el descenso de la población que sufre el molusco en los litorales quintanarroenses, la autoridad federal previó que, a partir del año 2018, se ponga en funcionamiento una nueva veda por dos periodos: durante todo el mes de febrero y del 1 de mayo al 1 de noviembre de cada año.

El documento argumenta que, si bien la aplicación de las vedas se ha convertido en un mecanismo que permite la recuperación del recurso pesquero, estas medidas deben fortalecerse con un marco jurídico más efectivo que apoye a la autoridad federal en el combate a la comisión de conductas ilícitas relacionadas con la pesca furtiva del caracol rosado o blanco, para castigar de forma ejemplar la pesca furtiva e ilegal de esta especie, la que implica una seria amenaza existencial a esta especie.

Además, el Pleno del Congreso aprobó una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, con la que se elimina el pago por el derecho de expedición de la constancia de permiso para trabajar a menores adolescentes en edad permitida para hacerlo.

La reforma, promovida por el titular del Poder Ejecutivo en junio pasado, forma parte de las acciones que la actual administración ha emprendido a favor de la economía de las familias quintanarroenses, a través de apoyos y programas, a fin de que estas puedan enfrentar las alzas en los precios de los bienes y servicios, derivadas del incremento en los costos que a nivel nacional se han presentado.

También se aprobaron reformas a la fracción I del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y al artículo quinto transitorio, y se aprobó adicionar un párrafo tercero al artículo tercero transitorio, ambos del Decreto 90 emitido por la Honorable XV Legislatura del Estado.

Las modificaciones avaladas por el Pleno, buscan fortalecer la vigilancia del uso de recursos públicos en los entes fiscalizables, al proveer de mayores herramientas legales a la Auditoría Superior del Estado, para que ésta pueda desplegar con apego a derecho sus procedimientos de control y fiscalización.

Finalmente, el Pleno de la XV Legislatura aprobó enviar a comisiones para su estudio y análisis, el punto de acuerdo promovido por los diputados integrantes del grupo parlamentario del PVEM, para exhortar a la PGR y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a que los derechos humanos de los ciudadanos que tienen contratado en el servicio de renta de cajas de seguridad en la empresa denominada “First National Security” establecida en la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sean totalmente respetados.

El acuerdo, también propone exhortar a estas dependencias federales, a que garantice que los procedimientos iniciados sean realizados con estricto apego a la ley.

Sobre este punto, el presidente de la Mesa Directiva Emiliano Ramos Hernández, explicó que este punto de acuerdo no fue incluido en la sesión número 20 celebrada el lunes pasado, toda vez que fue presentado de manera extemporánea.

Sin embargo, en atención a la petición de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña el tema fue incluido en la sesión de este día, haciendo hincapié en que nunca hubo omisión alguna por parte de la Mesa Directiva.

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