Las diputadas y diputados del Congreso del Estado, aprobaron un paquete de reformas en materia género que coloca a Quintana Roo a la vanguardia, pues se refuerza el papel del Estado para prevenir y proteger a las mujeres frente a actos de violencia y sienta las bases para transformar la cultura que atenta contra su integridad.
En sesión ordinaria, el Pleno de la XV Legislatura avaló por unanimidad, reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, que fueron promovidas por el Ejecutivo estatal, así como por los grupos parlamentarios del PAN, del PVEM y por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
La diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, celebró que, en conjunto con el Poder Ejecutivo y el resto de las bancadas parlamentarias, la XV Legislatura haya tomado el toro por los cuernos para acabar con la violencia que afecta física, psicológica y emocionalmente, en menoscabo de los derechos de la mujer.
“Hoy nos pronunciamos a favor no de enmarcar a las mujeres como víctimas, sino a favor de lograr que dejen de serlo”, enfatizó.
Con las reformas se realiza la armonización y la homologación de conceptos en términos de lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se incluye dentro de los tipos de violencia, aquella que atenta contra los derechos reproductivos, que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su derecho a tener hijos.
También se otorgarán órdenes de protección de manera inmediata y a más tardar en un plazo no mayor de 24 horas, con la finalidad de proteger el entorno social, la integridad y los bienes de las personas receptoras de violencia familiar.
Se estableció, dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado, la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género, en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas, entre otros.
Además, se prevé la creación de un Registro Público Sistemático de los Delitos Cometidos en Contra de Mujeres, a cargo de la Fiscalía General.
Se incorpora en la ley un título denominado “De la Violencia Política”, donde se incluye la violencia política como una modalidad de la violencia, concibiéndola como aquella conducta de acción, u omisión propias o consentidas, cometidas en contra de la mujer o su familia, que tengan por objeto o resultado “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Además, las diputadas y diputados aprobaron reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, promovidas por el gobernador del Estado, con las que se eliminan barreras que producen desigualdad entre ambos géneros.
Las reformas tienen como finalidad, continuar estableciendo las condiciones necesarias para que las mujeres accedan de manera igualitaria al libre ejercicio de sus derechos, así como garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos, impulsar reformas legislativas y políticas públicas con perspectiva de género.
De igual forma, se aprobaron reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles en materia de divorcio necesario, para eliminar disposiciones que restringen el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y que no respetaban la libertad en el caso de los cónyuges a decidir, voluntariamente, a no seguir unidos en matrimonio.
Se eliminó la obligación al promovente de un procedimiento de divorcio, a probar alguna de las causales del Código Civil, así como la regla de tener que esperar más de un año después de celebrado el matrimonio, para poder promover un divorcio o esperar un año después de haber iniciado un procedimiento de divorcio y haberse reconciliado para poder promoverlo de nuevo.
En tribuna, el diputado Ramón Javier Padilla Balam, del partido Nueva Alianza, señaló que, a través de su propuesta, en conjunto con la de la fracción parlamentaria del PVEM y del Ejecutivo estatal, se incluyó la perspectiva de género y se añadieron disposiciones para respetar los derechos humanos de las personas que desean divorciarse, así como los derechos de los cónyuges que han dado todo por tener un hogar y dar un adecuado cuidado de los hijos.
